Xiao Yang, presidente del Tribunal Popular Supremo, afirmó hoy que las medidas enérgicas adoptadas por los tribunales chinos en 2006 contra la delincuencia contribuyen a salvaguardar la seguridad nacional y la estabilidad social, y promueven la protección de los derechos humanos.

El Tribunal Popular Supremo gestionó 3.668 casos delictivos en 2006, un aumento del 14,77 por ciento con respecto al año anterior, indicó Xiao en el informe de trabajo sobre el poder judicial sometido a la examinación del parlamento nacional.

Los tribunales locales de los distintos niveles administrativos concluyeron 8.105.007 casos en 2006, un 2,07 más que en 2005. De ellos, 2.323 casos incluyeron compensaciones estatales por valor de 34,84 millones de yuanes (4,47 millones de dólares USA), precisó Xiao.

Los tribunales chinos juzgaron 245.254 delitos de suma gravedad en 2006, entre ellos explosiones, asesinatos, asaltos, violaciones y secuestros, en los que fueron condenadas 340.715 personas.

De acuerdo con el máximo juez, los tribunales chinos gestionaron 23.733 casos de desfalco, soborno y omisión del deber en 2006, en los que fueron condenados 825 responsables gubernamentales de nivel superior al de distrito, 9 de ellos de carácter provincial y ministerial.

La corrupción y el soborno comercial se han convertido en un gran problema social en China, que ha despertado la ira de la población y ha provocado la caída de un gran número de altos funcionarios, entre ellos Qiu Xiaohua, ex director del Buró Nacional de Estadísticas, y Zheng Xiaoyu, ex director de la Administración Estatal de Alimentos y Medicamentos.

Los tribunales chinos juzgaron 31.582 casos relacionados con la fabricación, tráfico y venta de drogas, por los que fueron sentenciadas 37.256 personas.

En cuanto a la protección de los derechos de propiedad intelectual, Xiao afirmó que los tribunales chinos gestionaron el año pasado 17.769 casos de violación de derechos de propiedad intelectual, 2,277 de ellos por vía penal, por los que fueron condenadas 3.508 personas.

"De las sentencias dictadas en China en 2006, 153.724 correspondieron a penas superiores a cinco años de prisión, cadena perpetua o a muerte", dijo Xiao ante los cerca de 3.000 diputados participantes en la sesión anual de la Asamblea Popular Nacional.

Xiao señaló que los tribunales chinos de todos los niveles, en sus esfuerzos por respetar y salvaguardar los derechos humanos, declararon inocentes a 1.713 personas en 2006.

Uno de los mayores progresos logrados en el terreno de la protección de derechos humanos es la reforma del mecanismo de aplicación de la pena capital.

El Tribunal Popular Supremo retomó la competencia de revisar y ratificar todas las condenas a muerte a partir del 1 de enero de 2007, dando por finalizados 26 años en los que los tribunales de rango inferior asumían las responsabilidades en este tipo de casos.

También indicó que los tribunales chinos han ofrecido asistencia judicial a los litigantes con dificultades financieras.

Asimismo, según Xiao, el Tribunal Popular Supremo recibió 140. 511 misivas, visitas y llamadas para realizar quejas y peticiones en 2006, una caída interanual del 4,71 por ciento, mientras que los tribunales locales recibieron 3.548.504 solicitudes, un descenso del 11,18 por ciento.

El Tribunal Popular Supremo también intensificó sus esfuerzos en la lucha contra la corrupción judicial y la promoción de la equidad judicial, reiteró Xiao.

"En 2006 fueron 292 los jueces considerados culpables de abusos de poder, de los que 109 recibieron sentencias de carácter penal", agregó.

Los tribunales chinos juzgaron 23.313 casos con implicados extranjeros o provenientes de Hong Kong, Macao y Taiwan, un 16,39 por encima de las cifras de 2005.

A pesar de los avances logrados, Xiao recordó ciertos problemas que afectan al poder judicial, tales como la aplicación de sentencias injustas y la desprotección de los derechos legítimos de ciertos litigantes a pesar de haber logrado el reconocimiento de las entidades judiciales.

Xiao atribuyó los problemas a las limitadas capacidades de ciertos jueces, la falta de ética profesionales y las "prácticas inadecuadas de un puñado de jueces y altos funcionarios judiciales ", y manifestó que los tribunales de todos los niveles deben tomar medidas todavía más fuertes para conseguir nuevos avances.